Condena en la Corte Internacional de Derechos Humanos como medio para orientar y estimular las políticas públicas de los Estados nacionales

Resumen

Contexto: Ecuador, 1998. Talía Gabriela Gonzales Lluy, una niña de solo tres años, padece una enfermedad denominada púrpura trombocitopénica idiopática. Por prescripción médica, se le realiza una transfusión sanguínea, cuyo material hematológico se obtiene del Banco de Sangre de la Cruz Roja de Azuay. No se realizaron previamente los exámenes serológicos obligatorios, que se hicieron al día siguiente, confirmando la contaminación por el virus del VIH, que se transmitió a Talía. La niña sufrió discriminación en la educación pública al ser expulsada de la escuela y sus familiares, en situación de vulnerabilidad económica, no lograron una solución en los tribunales internos. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte. Problema: Identificar cuál es la naturaleza de las medidas impuestas en la sentencia dictada por la Corte, en especial las garantías de no repetición. Objetivos: Analizar la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso concreto, con el fin de demostrar que, aunque no existe una disposición expresa, las medidas impuestas tienen un carácter estructurante para mejorar las políticas públicas internas, asumiendo una vocación transformadora.  Métodos: En este artículo se utilizaron métodos de revisión bibliográfica cualitativa y compilación documental con lectura textual, síntesis y aplicación de la técnica de lectura sintópica. Resultado: Condena de Ecuador a reparaciones con medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, indemnizaciones compensatorias, costas y gastos con restitución de gastos al fondo de asistencia a las víctimas. Supervisión continua de la Corte en cuanto al cumplimiento.  Conclusiones: El estudio demuestra que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Corte, al dictar una sentencia condenatoria contra el Estado demandado, desempeña una función fundamental más allá de las funciones reparadoras e indemnizatorias, ya que puede y debe buscar una vocación transformadora, dictando determinaciones de medidas estructurales de políticas públicas susceptibles de alterar un panorama generalizado de violaciones de los derechos humanos.