La Justicia Constitucional en el Ecuador

retrospectiva y futuro

Resumen

A mediados del siglo XX, la República de el Ecuador adoptó el modelo kelseniano para el control de constitucionalidad, es decir, se dio esta función a un órgano específico denominado Tribunal de Garantías Constitucionales (modelo concentrado). Sin embargo, esta institución se desenvolvió con varias deficiencias por diversas razones, la principal – que duró hasta 1995 – sus resoluciones no tenían un carácter definitivo, inapelable. Es interesente observar que en una primera etapa – conforme a la doctrina francesa – es el Congreso Nacional el único que puede revisar sus propias leyes y decidir sobre la inconstitucionalidad. El sistema de control fue objeto de algunas reformas constitucionales en busca de mejorarlo, hasta que en 1995 se reestructuró adecuadamente y se dio paso al Tribunal actual. El sistema es mixto, porque la Función Judicial puede – en los casos que resuelve – declarar inaplicable una norma jurídica si la encuentra incompatible con la Constitución, pero debe enviar al Tribunal para la decisión final con efectos erga omnes.

Entre las atribuciones del Tribunal están: conocer de las demandas de inconstitucionalidad de leyes y otras normas jurídicas; de actos administrativos inconstitucionales; la objeción o veto de un proyecto de ley por parte del presidente de la República por razones de inconstitucionalidad; dictaminar sobre la constitucionalidad de tratados y convenios internacionales de modo previo a la aprobación del Congreso; dirimir conflictos de competencia entre los órganos del Estado; y, en materia de protección de los derechos humanos corresponde al Tribunal resolver sobre los casos en que se niegan el hábeas corpus, el hábeas data y sobre la apelación de las acciones de amparo, éstas son muy numerosas y ocupan un alto porcentaje (en el año 2001 fueron el 82.1 de los casos).