La evidencia invisible

determinantes sociales y políticas estructurales como criterio de justicia sanitaria

Resumen

Contextualización: El derecho a la salud en Brasil, consagrado en el art. 196 de la Constitución Federal, exige articular el conocimiento científico con el compromiso distributivo. La epidemiología y los determinantes sociales de la salud (DSS) evidencian que la enfermedad resulta de desigualdades estructurales y no solo de riesgos biológicos individuales. Sin embargo, la formulación y evaluación de las políticas públicas aún se apoyan en racionalidades fragmentadas, donde la prueba empírica y la norma jurídica actúan de manera separada. Problema: La disociación entre la racionalidad empírica de la epidemiología y la racionalidad deductiva del Derecho ha limitado la efectividad de las políticas sanitarias y la concreción del principio de equidad. Falta un método capaz de traducir las evidencias sociales en obligaciones jurídicas mensurables, lo que vuelve invisibles los DSS en el proceso decisorio. Objetivos: Analizar cómo la integración entre la evidencia epidemiológica y la normatividad jurídica puede servir como criterio de justicia sanitaria y de evaluación de la efectividad del derecho a la salud, con base en la Constitución Federal, la Ley nº 8.080/1990 y documentos de la OMS y de la CNDSS. Métodos: Se adoptó un enfoque cualitativo y descriptivo, con análisis bibliográfico y documental de normas, informes técnicos y literatura científica nacional e internacional producida entre 1990 y 2025, incluyendo obras de Krieger, Marmot y Nunes. Resultados: Se identificó una brecha persistente entre evidencia y juridicidad. La epidemiología es reconocida legalmente como principio del SUS, pero raramente orienta decisiones administrativas o judiciales. Los DSS permanecen marginalizados, aunque constituyen indicadores de incumplimiento de deberes constitucionales. Conclusiones: La efectividad del derecho a la salud depende de la convergencia entre razón empírica y razón normativa. Integrar la epidemiología en la estructura jurídica de las políticas públicas es condición para transformar los datos de desigualdad en parámetros de equidad, permitiendo que la evidencia científica recupere su papel ético y político como fundamento de la justicia sanitaria.