Política de Drogas en Brasil

incongruencias en las políticas preventivas y represivas y distinción entre tráfico y consumo

Resumen

RESUMEN
La política de drogas en Brasil históricamente ha estado marcada por la represión, con énfasis en la criminalización del consumo y en la represión al tráfico. Sin embargo, la complejidad del fenómeno, que abarca dimensiones de salud, seguridad pública y derechos humanos, demanda enfoques más integrados. La ausencia de criterios objetivos para diferenciar tráfico de consumo genera inseguridad jurídica, encarcelamiento masivo y superposición de políticas fragmentadas, dificultando la efectividad tanto de las estrategias represivas como de las de salud pública. El presente trabajo tiene como objetivo analizar críticamente las convergencias y divergencias entre la política de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y la del Ministerio de Salud, destacando cómo la distinción entre dolo patrimonial (tráfico) y dolo relacionado con la salud (consumo) puede orientar políticas complementarias. Para ello, se utilizó investigación documental y bibliográfica, con una revisión crítico-narrativa de políticas públicas y normativas, junto con un análisis jurimétrico de datos de la Asociación Brasileña de Jurimetría, que evidencian los impactos de la Ley 11.343/2006 en el encarcelamiento y en las clasificaciones de porte y tráfico en São Paulo. Los resultados revelan un crecimiento del 80% de la población carcelaria tras la Ley de Drogas, siendo que el tráfico pasó del 15,5% al 25,5% de las prisiones en seis años, además de la selectividad penal con impacto desproporcionado sobre las mujeres. Paralelamente, se identifican avances en la política del Ministerio de Salud en cuanto a la reducción de daños, mientras la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas mantiene el enfoque en el combate estructural al tráfico. Se concluye que la diferenciación entre tráfico (núcleo patrimonial, vinculado al crimen organizado) y consumo (dimensión de salud) abre espacio para políticas complementarias, defendiendo la actuación coordinada entre la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y el Ministerio de Salud, integrando represión selectiva y cuidado en libertad, con intercambio de información y financiamiento cruzado, para una política de drogas más racional, eficaz y alineada con los derechos humanos.